La inconstitucionalidad o no de la recién aprobada ley 1-24, que crea una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), será uno de los primeros casos que tendrá que decidir la nueva composición de jueces del Tribunal Constitucional que asumió en diciembre del 2023. La Corte ya está apoderada de al menos dos acciones que procuran la nulidad de esa legislación, por violación a la Carta Magna, principalmente el secreto profesional. La nueva ley obliga a ciudadanos y entidades a entregar a la DNI “todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento”, a los fines de “salvaguardar la seguridad nacional”. La Constitución protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista (artículo 49.3). Esperemos la decisión del TC, que dispone de un plazo máximo de 4 meses para fallar, después de conocerlas en audiencia pública.
