Un mexicano fue condenado el 27 de noviembre a 10 años de prisión por lavado de dinero y albergar a extranjeros indocumentados. El hombre, también sin papeles, descontó 50 dólares de cada cheque de los inmigrantes que empleaba. Así consiguió construir una fortuna de 5.6 millones de dólares en tres años y medio.

Juan Pablo Sánchez Delgado fue detenido el 8 de agosto de 2018 durante un operativo de la Unidad de Investigaciones Especiales de ICE (HSI). En dicha redada, la agencia federal allanó tres grandes procesadoras de alimentos de Nebraska y Minnesota en las que trabajaban inmigrantes indocumentados a los que Sánchez “contrataba”.

De los cheques quincenales de 500 dólares que ganaban sus trabajadores indocumentados en tres empresas contratistas, un mercado de abarrotes y un restaurante mexicano; el hispano se quedaba con 50 dólares.

El arresto del mexicano no vino solo. Junto a él también cayeron 12 de sus familiares y socios y 130 trabajadores indocumentados en lo que fue una de las mayores redadas de inmigración de la era de Donald Trump.

Sin embargo, la condena de Sánchez es la mayor de entre los 13 acusados. Sus socios y familiares fueron juzgados en libertad y absueltos en el juicio que se celebró en Lincoln, Nebraska, desde principios de noviembre.

De los 130 trabajadores detenidos, ICE ha puesto en libertad en libertad a la mayoría con la condición de colaborar con las investigaciones. Sin embargo, aún no han obtenido un estatus para permanecer en EEUU y continúan con casos abiertos en las cortes de inmigración. Según Univision, alrededor de 20 de ellos cuentan con un permiso de trabajo pero las empresas de los pueblos donde trabajaban antes ya no quieren contratarlos.

Sánchez Delgado contrataba a sus empleados a través de dos compañías que estaban a nombre de su hijo político, Antonio de Jesús Castro, y que, según la fiscalía, no verificaban la identidad de sus trabajadores. En algunos casos, el mexicano también retuvo dinero a sus trabajadores con el pretexto que era para pagar impuestos federales y seguro social. Otras tres empresas contrataban los servicios de Sánchez y evitaban pagar impuestos locales y los segurios de los empleados.

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