Los inmigrantes en Estados Unidos temen que las ayudas lanzadas para paliar los efectos económicos y sanitarios del coronavirus les impida conseguir a posteriori mejoras en su estatus migratorio. La llamada norma de “carga pública” de la Administración Trump permite negar la residencia a los extranjeros que hayan recurrido a servicios públicos durante un periodo de tiempo determinado. Esta situación aleja a los afectados de solicitar la asistencia médica que necesiten, según un estudio divulgado este lunes.

En enero pasado el Tribunal Supremo dio su anuencia a la aplicación por parte del Gobierno de la norma de inmigración según la cual puede negarse la residencia legal permanente (“tarjeta verde“) a los inmigrantes que hayan usado, o se sospeche que puedan solicitar en el futuro, la asistencia pública en programas de salud, vivienda o alimentación.

“Aun antes de que la norma entrara en vigencia, las evidencias muestran que su propuesta aplicación produjo amplios efectos a nivel nacional por los cuales las familias inmigrantes, elegibles para esos servicios, evitaron inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias sobre su situación legal”, señaló el informe preparado por el Instituto Urbano.

Este fenómeno “se ha tornado aun más alarmante durante la pandemia de COVID-19, en la cual muchas familias inmigrantes son vulnerables a agudas tribulaciones médicas y económicas“, añadió.

Como resultado del anuncio de la aplicación de la norma, conocida como “carga pública” y antes de que entrara en vigencia, “más de uno de cada siete adultos en familias inmigrantes indicó que él o alguien en su familia evitó los programas gubernamentales que no operan con subsidios en efectivo“.

Entre esos programas se cuentan el sistema de subsidio del cuidado de la salud para las personas de bajos recursos Medicaid, el programa de seguro de salud para niños (CHIP, en inglés), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda.

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