El régimen cubano es, en bases regulares, objeto de condena por su uso y abuso del sistema penal, particularmente en lo que concierne a la persecución de disidentes políticos. Pero un reporte de la ONG Cuban Prisoners Defenders, publicado el lunes, provee una detallada radiografía de su alcance y arbitrariedad, así como la voluntad de esconder sus acciones a la comunidad internacional.

La cantidad de presos per cápita más alta del mundo; un índice de condenas mayor al 90 por ciento; el uso de las excarcelaciones de presos “no políticos” como herramienta de control presupuestario y social; y el concepto de “encarcelamiento preventivo” como excusa para la persecución de disidentes son los conceptos más salientes del documento, presentado en España por el titular de la ONG, Javier Larrondo.

En diálogo con el medio español ABC, Larrondo dijo que el informe fue elaborado en base a documentación interna del régimen -la Dirección General de Prisiones de Cuba, en concreto- a la que pudo acceder la ONG. “Está contrastada e indubitada”, expresó.

Alrededor de 40.000 personas reciben acusaciones en sede penal cada año en Cuba. De ellos, el 93 por ciento es declarado culpable, lo que totaliza una cifra que oscila entre las 32.000 y 37.000 personas, indica el informe. Un 69 por ciento -es decir, entre 22.000 y 25.500 personas- recibe sanciones privativas de libertad, las que se dividen en tiempo de prisión y “trabajos correccionales” en establecimiento penitenciario.

Según el reporte, la cantidad de convictos y condenados anuales en Cuba llega a más de 127.000 personas: 90.000 de ellas están en prisión y el resto en “situaciones de control judicial y policial”. “Por tanto, Cuba sería el primer país en personas privadas de libertad del mundo si el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research (ICJPR), en vez de contemplar un dato falso suministrado por el Granma (el medio estatal cubano) de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real”.

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